El 2 de octubre entrará en vigor la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, que modifica algunas de las relaciones entre ciudadanos y sector público. Uno de los cambios más destacado es el de las notificaciones administrativas.

Hasta este momento, cuando un organismo público enviaba un aviso a un ciudadano por correo y este no estaba en su domicilio para la recogida, existía la obligación de repetir el intento en los tres días siguientes. Si tampoco era posible, el personal de Correos depositaba un aviso en el buzón para que la notificación fuera recogida directamente en la oficina de Correos correspondiente.

Desde el próximo día 3 de octubre, si esta situación se produce, la administración pública enviará un aviso al dispositivo electrónico o dirección de correo electrónico del ciudadano, para que éste pueda descargar de forma online la notificación. De esta forma, el ciudadano se ahorrará el desplazamiento hasta la oficina de Correos. Si, de todos modos, quiere acceder al aviso presencialmente, la Ley establece que se podrá recoger en cualquier oficina de asistencia de las distintas administraciones.

En la misma Ley también se eliminan ciertos trámites hasta ahora obligatorios como la aportación de documentos originales que ahora podrán ser copia (por ejemplo, los títulos académicos) o no será necesario presentar documentos que ya hayan sido aportados en otra administración pública. Muy interesante también resulta la unificación de todas las notificaciones en el BOE para evitar la consulta de distintos ministerios, comunidades autónomas o ayuntamientos.

Por último, se generalizará la reducción de las multas que ya existe en el ámbito tributario, en la Seguridad Social y en Tráfico, a todo tipo de sanciones cuando se cumplan los requisitos necesarios como reconocer voluntariamente la responsabilidad y realizar el pago voluntario por anticipado.

Este viernes 30 de septiembre, el Ministerio de Hacienda elevará al Consejo de Ministros medidas de carácter técnico para facilitar la entrada en vigor de la Ley de Procedimiento Administrativo Común.