La sentencia del Tribunal Supremo, del pasado 30 de junio, ha declarado ilícita la cotización obligatoria del 0,1% del sueldo de los trabajadores para el sostenimiento financiero de las fundaciones laborales.

El fallo del Tribunal estima el recurso de casación presentado por la Abogacía del Estado, contra la sentencia de la Audiencia Nacional –del 25 de junio de 2014- que dio validez al Acuerdo Estatal del Sector de Hostelería que obligaba a los trabajadores a realizar aportaciones para la financiación de la Fundación Laboral Hostelería y Turismo.

El Tribunal Supremo afirma que es lícito crear, en el marco del convenio, una fundación laboral sin ánimo de lucro. Sin embargo, y siguiendo el argumento de la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal, “no puede imponer obligaciones pecuniarias a los trabajadores afectados por el convenio, sino que esas aportaciones pecuniarias sólo pueden ser voluntarias”. Como argumentos jurídicos, se alude a los artículos 21.2 y 27.2 de la Ley de Fundaciones, que señala que la aportación económica a las fundaciones se equipara a una donación, por lo que sólo puede ser voluntaria.

fundaciones laborales

Se añade además, que los trabajadores no son los destinatarios directos de la obra fundacional, sino que sus fines –impulso y desarrollo de las relaciones sociolaborales en el sector, contribución a la mejora del diálogo social y promoción general del sector de hostelería y el turismo-, se califican por el Tribunal de “excesivamente genéricos”. Así, la sentencia concluye que la representatividad “está limitada por su ámbito y por su alcance, que no incluye la financiación de la fundación, sobre todo cuando, como aquí sucede, los fines de la misma son muy genéricos y no concretan beneficios reales y efectivos a los trabajadores mientras que la aportación de los mismos constituye, por el contrario una inversión específica en los términos porcentuales prefijados en el Acuerdo, impuesto por sus representantes”.

Esta sentencia afecta directamente a la Fundación Laboral de Hostelería y Turismo y a la de Comercio y se estima que, en conjunto, gestionarían unos fondos cercanos a los 100 millones de euros anuales. Este tipo de fundaciones se derivan de la reforma laboral de 2012 cuando, patronales y sindicatos mayoritarios, anunciaron la creación de fundaciones laborales para mejorar las relaciones en el ámbito laboral y la calidad de la formación profesional, beneficiándose de las subvenciones que para tal fin convoca el Ministerio de Empleo. En la práctica, se encuentran en entredicho, tras los sucesivos escándalos que han puesto al descubierto que se han utilizado, por los sindicatos, para financiarse de forma alegal.