El BOE publica hoy el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, o “Decreto de la nueva normalidad” como ya se le conoce.

La tónica del texto se resume en el artículo 4, deber de cautela de todos los ciudadanos y empresarios, es decir, que se continúen afianzando los comportamientos imprescindibles para seguir conteniendo la epidemia. El objetivo es conformar un marco jurídico temporal, específicamente concebido para hacer frente a la crisis sanitaria, y que se encuentre plenamente operativo una vez finalice la vigencia del estado de alarma.

Ha de asegurarse, en concreto, que las actividades en las que puede generarse un mayor riesgo de transmisión comunitaria de la enfermedad COVID-19 se desarrollan en condiciones que permitan en todo momento prevenir los riesgos de contagio, al tiempo que se establece la obligatoriedad del uso de las mascarillas en aquellos espacios en los que el riesgo para la salud es razonablemente evidente, como concreción del deber de autoprotección de los ciudadanos.

Centros de trabajo

Para las empresas, la recomendación es la potenciación del uso del teletrabajo cuando sea posible y, de no ser así, la reincorporación progresiva a la empresa mantenimiento una distancia de seguridad en los puestos, cuando sea posible, de 1,5 metros. Esta es la distancia fijada como “segura” en la nueva normalidad. Como en todos los casos, si esto no es posible, tiene que contarse con material de protección adaptado al riesgo. Los espacios deberán ser limpiados y ventilados además de disponer de agua y jabón o geles hidroalcohólicos.

En esa misma línea, los responsables han de organizar los momentos de entrada y salida a la empresa para impedir que en los accesos se originen concentraciones de trabajadores o de clientes que puedan favorecer un contagio. Ningún trabajador en cuarentena por tener síntomas debe acudir al trabajo.

Centros docentes

Seguimos sin novedades. En el decreto ley se insiste en que las administraciones educativas tienen que asegurar que se cumplan “las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de los citados centros que aquellas establezcan” y deberá asegurarse la adopción de las “medidas organizativas” para que no se produzcan aglomeraciones y se mantenga la distancia de seguridad, los 1,5 metros de rigor.

Centros residenciales

Los centros de mayores deberán estar coordinados con los servicios sanitarios de las comunidades ante la posibilidad de que haga falta atender nuevos casos en personas de edad avanzada, además de garantizar que se cumplan las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de las instalaciones.

Además, las residencias tienen la obligación de crear planes de contingencia para la “identificación precoz” de nuevos casos entre residentes y trabajadores. Para el día a día, las direcciones tienen que organizarse de manera que las visitas o los paseos con familiares sean en condiciones de seguridad.

Disposición adicional cuarta. Plazos de caducidad de los asientos registrales suspendidos en virtud del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

“Con efectos desde el 10 de junio de 2020, se alza la suspensión de los plazos de caducidad de los asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo, reanudándose su cómputo en esa misma fecha”

En la práctica, esta disposición modifica el artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, con la finalidad de extender hasta el 31 de diciembre de 2020 la posibilidad de que, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, las sesiones de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones, puedan celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple y así también que sus acuerdos puedan celebrarse por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente o cuando lo soliciten, al menos, dos de los miembros del órgano. En este sentido, esta medida es coherente con la configuración de la nueva situación, siendo aconsejable que el tránsito al tráfico jurídico y social ordinario, se acompañe de las máximas precauciones entre las que sin duda se encuentra la de evitar reuniones y aglomeraciones de múltiples personas en espacios reducidos como pudieran ser las sesiones de los órganos de gobierno y administración de las personas jurídicas.