En los últimos meses está teniendo lugar un debate sobre el adoctrinamiento en las escuelas a raíz del  proceso independentista catalán. Se considera adoctrinamiento escolar el aprovechamiento de la estancia los alumnos en el centro educativo para la transmisión de ciertos valores o ideas que sólo son compartidas y defendidas por determinados partidos políticos.

Además de todos los delitos en los que se ha podido incurrir y de los que se ha informado desde los medios de comunicación durante todo el “procés”, es conveniente analizar la situación en las escuelas catalanas desde una perspectiva más interna del centro, es decir, en lo que respecta a la convivencia escolar.

En los centros escolares donde se produce este “adoctrinamiento” se pueden dar situaciones tipificadas como delitos de odio, generando una responsabilidad penal de la persona jurídica. Los titulares de los centros podrán ser responsables penalmente por los delitos cometidos por sus administradores, dirigentes e incluso trabajadores.

La reforma del Código Penal incorporó la responsabilidad de las personas jurídicas y entre los delitos atribuibles a las mismas, encontramos los delitos de odio tipificado en el artículo 510 del Código Penal:

Artículo 510. Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses:

  1. a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada […].
  2. b) Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada […].

 

La reforma del Código Penal obliga a las organizaciones a implantar modelos de prevención de los delitos que puedan producirse por parte de sus administradores, de hecho o de derecho, o empleados.

Contar con un Modelo de Prevención de Riesgos Penales, un modelo de compliance, en un centro educativo es muy importante porque supondría:

  • Exoneración o atenuación de la responsabilidad penal de la persona jurídica ante una situación de un procedimiento penal por los delitos cometidos por los administradores o dirigentes del colegio, así como por sus subordinados sobre los que no se hubiera ejercido el debido control.
  • La instauración de una cultura de integridad en el centro. Se verá reflejada en el compromiso por parte de la Titularidad del centro en la promoción de una verdadera cultura ética y respeto a la Ley.
  • Reducción de otro tipo de riesgos y daños. La implantación de un Modelo de Prevención de Riesgos Penales evitará también otro tipo de riesgos como los daños reputaciones.

En Argos integramos en los Centros Educativos un Modelo de Prevención de Riesgos Penales (MPRP) personalizado que incluye las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión, para que el centro cumpla con la legislación vigente.